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Salto estratégico busca llevar a las Farc al punto de no retorno

Mindefensa instaló Conferencia de Antiterrorismo Contemporáneo

01 de abril de 2009

Mantener la ofensiva contra las Farc para llevarlas al punto de no retorno, es el principal objetivo del salto estratégico, iniciativa de la Fuerza Pública que combina la acción militar con la intervención social, en zonas donde aún tienen capacidad de delinquir. “Hemos dado los golpes más contundentes en la historia de las organizaciones terroristas.
En particular, las FARC se encuentran en el peor momento de su historia, debilitadas militarmente, con la moral baja y repudiadas a nivel nacional e internacional. ¡Pero eso no es suficiente!”, afirmó el Ministro.

Palabras del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en la instalación de la conferencia Antiterrorismo Contemporáneo –la experiencia colombiana

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar ‘superado’”. Dicen que estas palabras las escribió Albert Einstein en 1933. Sin duda son iluminadoras y estimulantes, porque nos muestran cómo de las grandes dificultades nacen también las grandes soluciones.

Hoy estamos acá para hablar de un ejemplo que reafirma esta verdad: De cómo una nación enfrentada a gigantescas amenazas como lo son el terrorismo y el narcotráfico, ha diseñado y puesto en práctica la más ambiciosa y estructurada estrategia de seguridad.

Colombia ha tenido que luchar en las últimas décadas contra una perversa combinación de formas de violencia: Grupos terroristas, como las FARC y el ELN; grupos ilegales de autodefensa, y organizaciones del narcotráfico.

En esta batalla hemos perdido muchas vidas; nuestros mejores líderes, jueces, periodistas, militares, policías, han caído asesinados; muchos han sido secuestrados; muchos han sido víctimas de bombas o de las siniestras minas antipersona.

Nuestro país ha tenido, sin embargo, la fortaleza moral e institucional para seguir adelante, sin debilitar su democracia sino, todo lo contrario, fortaleciéndola y encarando los retos del desarrollo.

En Colombia entendimos –como lo hicieron los romanos cuando se inventaron la república– que, para ganar la prosperidad y el progreso, el primer derecho que teníamos que salvaguardar era el derecho a la seguridad, vale decir, el derecho a vivir sin la amenaza de la violencia.

Siguiendo esa premisa, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe se comprometió, como nunca antes se había visto en la historia, con la seguridad de los colombianos.

Hoy podemos decir que estamos dando vuelta a la página del terror y la inseguridad, y que Colombia recupera día a día la tranquilidad que demandan sus propios ciudadanos y, por supuesto, los inversionistas nacionales y extranjeros.

Seguimos enfrentando –no se puede negar– la amenaza de grupos terroristas y narcotraficantes que insisten en golpear al pueblo colombiano y entorpecer su camino hacia el progreso.

Sin embargo, el fortalecimiento y la profesionalización que ha tenido nuestra Fuerza Pública desde el año 2000, el ingreso de recursos adicionales como los provenientes de Estados Unidos a través del Plan Colombia, y la Política de Seguridad Democrática impulsada por el Presidente Uribe, han arrinconado a los terroristas y minimizado su capacidad de atentar contra el país, su gente y su infraestructura.

Todo esto ha redundado, como es de suponerse, en una clara mejoría de los índices de seguridad.

En 2002, cerca de 200 de los municipios del país no tenían presencia permanente de la Policía Nacional. Hoy cuentan con ella los más de 1.100 municipios de nuestro territorio.

En 2002, la intimidación de las FARC impedía a cerca de 400 alcaldes –¡más de la tercera parte!– despachar desde la cabecera de sus municipios. Hoy todos los mandatarios locales están en sus pueblos y ciudades, gobernando como debe ser.

¿Qué otra nación puede decir, como Colombia, que en seis años redujo el número de homicidios en un 44%, el número de secuestros extorsivos en un 88% y el número de víctimas en homicidios colectivos en un 96%?

¿Quién más puede mostrar que, en el mismo periodo de tiempo, los atentados terroristas bajaron en un 79%?

Hace seis años los colombianos transitábamos nuestras carreteras llenos de temor, por el riesgo de caer víctimas de las llamadas “pescas milagrosas” o secuestros en retenes ilegales.

Pues bien: el número de víctimas de esta siniestra práctica bajó, en los últimos seis años, en un 99%. Oyeron bien: ¡un 99%!

Hoy los colombianos sienten, con alegría y esperanza, que han recuperado el territorio que siempre les perteneció.

Estos no son resultados aislados, sino que forman parte de un cuadro general de recuperación de la seguridad en Colombia del que nos sentimos orgullosos, y que estamos comprometidos a mantener y a mejorar.

Las organizaciones del narcotráfico están diezmadas. En los dos últimos años se desmanteló el cartel del Norte del Valle, y salieron de circulación sus principales jefes, como alias Don Diego, que aparecía en la lista del FBI de los criminales más buscados, al lado de Osama bin Laden.

Desaparecieron esos capos que estábamos acostumbrados a ver en las portadas de las revistas y los grandes titulares, pero no podemos descuidarnos, porque el problema del narcotráfico continúa, a través de bandas criminales, y se esparce peligrosamente por la región, como lo vemos hoy en México y Centroamérica.

En la lucha contra el terrorismo, los resultados que hemos alcanzado contra las FARC y el ELN no tienen comparación con ninguna época anterior.

El año pasado las FARC perdieron a hombres claves de su secretariado, por acción militar directa de nuestras tropas y por la presión ejercida por las mismas, con lo que demostramos que estos jefes terroristas sí se pueden localizar y atacar con éxito.

También cayeron los principales cabecillas estratégicos en diversas zonas del país.

El que manejaba el negocio del narcotráfico y las armas en las selvas del suroriente, el que asolaba la zona de los Montes de María en la región Caribe, el que orquestaba atentados terroristas en el Pacífico, ¡todos han caído ante la acción contundente de la Fuerza Pública!

Capturamos al principal jefe militar del ELN y, hace unos pocos días, se dio de baja a un miembro de su comando central.

Y quiero destacar algo muy importante: Dentro de nuestro énfasis en la protección de los derechos humanos, hemos dado una instrucción operacional a nuestras tropas: Es preferible capturar que dar de baja, y es preferible una desmovilización que una captura.

Las desmovilizaciones son estratégicamente más valiosas porque los desertores traen consigo información, diezman la moral del enemigo y se convierten, ellos mismos, en promotores de nuevas desmovilizaciones.

Con el proceso de paz adelantado con los grupos ilegales de autodefensa se logró la desmovilización colectiva de más de 30 mil de sus integrantes, y hoy están en la cárcel o extraditados cerca de 60 de sus principales líderes.

Es la primera vez en la historia del mundo que un proceso de paz involucra los principios de verdad, justicia y reparación. ¿Que ha tenido problemas? Es cierto. Pero, en términos generales, ha logrado su objetivo.

En el campo de la guerrilla, se han desmovilizado individualmente alrededor de 14.500 combatientes y milicianos, la inmensa mayoría de las FARC. ¡Éstas son palabras mayores!

Y algo fundamental: Los que se desmovilizan son cada vez más viejos y de mayor antigüedad en la guerrilla, lo que significa que su ausencia causa más daño allá y su información resulta más útil acá.

Hay casos paradigmáticos como el de Karina, una peligrosa cabecilla que por años asoló los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, que se desmovilizó por la presión militar y hoy, actuando como promotora de paz, está invitando a sus ex compañeros de armas a dejar el camino de la violencia.

O el de alias Isaza, un guerrillero que sacó a un secuestrado de manos de las FARC, lo devolvió a los brazos de sus familiares y se entregó a las autoridades. Hoy está en Francia, disfrutando de la protección del Estado.

Renglón aparte merece la Operación Jaque, que es la operación de inteligencia militar más importante del mundo en los últimos tiempos.

Sin un arma, sin una acción de fuerza, únicamente con los recursos de la inteligencia técnica y humana del Ejército Nacional, se logró rescatar sanos y salvos a Ingrid Betancourt, tres contratistas norteamericanos y 11 miembros de la fuerza pública colombiana.

Éste fue, sin duda, un golpe a la yugular de las FARC, que les arrebató unos secuestrados que utilizaban para tener interlocución y visibilidad internacional.

Con todos estos resultados, obtenidos en muy poco tiempo, venimos consolidando un control territorial total sobre las diversas regiones de nuestra geografía.

Pero nuestra política de seguridad va más allá, y contempla –además del control del territorio por las Fuerzas Armadas– una recuperación social del mismo.

Esto quiere decir: el ingreso o retorno de las instituciones del Estado para satisfacer las necesidades básicas de la población, como salud, educación y servicios públicos, además de justicia, cultura, recreación y obras de infraestructura.

Ustedes pudieron comprobar la forma en que adelantamos este esfuerzo en una zona crucial del país, en la visita que realizaron ayer al Centro de Fusión Integral de la región de La Macarena.

Esta zona, hace tan sólo 7 años, era un santuario de los terroristas, donde las FARC andaban a sus anchas y controlaban todo, incluido el negocio de la siembra de coca.

Hoy, gracias a la labor de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, al esfuerzo integral del Estado a través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, es un territorio recuperado para la paz.

Estamos convencidos de que la lucha antiterrorista debe acompañarse –si se quiere que sus logros sean permanentes– por un esfuerzo similar de consolidación social.

Hacer obras esenciales de infraestructura: una carretera, un sistema de interconexión eléctrica, un acueducto, es tan importante para la seguridad como la captura de un cabecilla terrorista.

Frente a este panorama general, la pregunta pertinente, que da origen a esta conferencia es: ¿Cuál ha sido la estrategia llevada a cabo por el Gobierno colombiano y sus Fuerzas Armadas para alcanzar estos resultados?

Y surgen otras dos preguntas adicionales:

¿Qué falta para terminar la tarea, acabar de consolidar la seguridad en el territorio y controlar efectivamente la amenaza terrorista?

¿Cómo se puede extrapolar la experiencia colombiana a otros países que enfrentan situaciones con algún grado de similitud?

A responder estas preguntas vamos a dedicarnos los días siguientes, pero quisiera anticipar unos lineamientos generales.

El primer elemento indispensable para contener el terrorismo es voluntad política.

El gobierno del presidente Uribe ha demostrado en sus casi siete años de mandato una firme voluntad política de combatir a los terroristas y los narcotraficantes, que ha convocado el respaldo de la inmensa mayoría de la nación, cansada de décadas de absurda violencia.

Dicha voluntad se plasmó desde un principio en una estrategia a la que denominó Política de Seguridad Democrática.

Cuando llegamos al frente del Ministerio de Defensa, en julio de 2006, hace 32 meses, encontramos logros muy importantes en materia de recuperación del control territorial, pero entendimos que la estrategia requería un proceso de innovación.

Las diferentes amenazas se estaban comenzando a adaptar a las nuevas circunstancias, por lo que se hacía necesario continuar con otros énfasis y bajo distintos parámetros.

El producto de la revisión de nuestros parámetros y objetivos fue la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, que respondía a dos necesidades esenciales:

- Adaptarse al nuevo escenario estratégico

- y pasar del objetivo inicial del control militar por la Fuerza Pública al de la recuperación social del territorio mediante la acción integral del Estado.

Para concretar esta política realizamos un completo proceso de análisis en el Ministerio de Defensa Nacional, en el que participaron los comandantes y altos oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía.

Hicimos, además, el ejercicio académico de recorrer la experiencia internacional en la materia.

Las lecciones transmitidas por el mítico Lawrence de Arabia en su libro Los Siete Pilares de la Sabiduría; por el teniente coronel francés David Galula, sobre Argelia; por sir Robert Thompson, sobre Malasia; por el general Vo Nguyên Giáp, sobre Vietnam, entre otros, nos dieron un contexto histórico en diversos tipos de confrontación.

Estudiamos obras más recientes sobre el tema, como Aprendiendo a tomar sopa con cuchillo, del coronel John Nagl, y La Utilidad de la Fuerza, del general Rupert Smith.

Y acometimos, por supuesto, una revisión profunda del nuevo manual de contrainsurgencia del general David Petraeus.

Con todos estos elementos de análisis, internos y externos, diseñamos y pusimos en marcha la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática

A través de esta política hemos avanzado, siguiendo un plan coherente, para fortalecer las Fuerzas Armadas, modernizar sus equipos y llevar a los grupos terroristas a un punto de no retorno, después del cual sólo tendrán el camino de la desintegración o la negociación sin cartas marcadas.

Durante el gobierno del presidente Uribe ha aumentado sustancialmente el pie de fuerza de las Fuerzas Armadas, pasando de 313 mil hombres en 2002 a 430 mil hoy. ¡Un incremento cercano al 40%!

Hemos adquirido equipo esencial para el desempeño de nuestras tropas, en todas las fuerzas, que ya hemos recibido y seguiremos recibiendo este año y el próximo.

También hemos realizado importantes mejorías en movilidad, tecnología, inteligencia e incremento de batallones y unidades militares.

Estamos enfrentando las amenazas del terrorismo y el narcotráfico –que en Colombia se encuentran especialmente entrelazadas– con distintas estrategias complementarias, que podría resumir en las cinco siguientes:

1- Operaciones militares y de policía fundadas en el trabajo conjunto y coordinado entre las diversas instituciones armadas.

2- Inteligencia técnica y humana desarrollada, también en forma conjunta, al más alto nivel; una inteligencia capaz de producir la Operación Jaque.

3- Cooperación ciudadana a través de la red de cooperantes y el sistema de recompensas.

4- Estímulo a la desmovilización voluntaria y programas de reinserción de los ex combatientes a la sociedad.

5- Finalmente, ejecución de programas sociales y obras de infraestructura para adelantar la consolidación social del territorio.

Queremos que ustedes conozcan estas estrategias, con las cuales enfrentamos una de las más complejas combinaciones de amenazas que puede encarar nación alguna.

¡Qué bueno que los expertos internacionales se interesen en el caso de la lucha contrainsurgente en Colombia, y contribuyan, con sus análisis y recomendaciones, al cierre exitoso de esta etapa dolorosa de la historia de nuestra nación!

Quisiera destacar –entre las ya mencionadas– la estrategia de trabajo interagencial, tanto en el campo operacional como de inteligencia, que ha producido resultados tan contundentes.

Desde que llegué al ministerio nos propusimos la tarea de fortalecer el trabajo conjunto y coordinado de las diversas instituciones armadas de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Un paso fundamental en esa dirección fue la centralización de la inteligencia y las decisiones sobre objetivos de alto valor estratégico en una única instancia, que es la Jefatura de Operaciones Especiales Conjuntas.

La adecuada información de inteligencia, conocida en tiempo real por los encargados de las operaciones, nos ha permitido alcanzar un nivel de éxitos sin precedentes.

Pero la seguridad cuesta, ustedes lo saben bien, y se requieren ingentes recursos para mantener una ofensiva antiterrorista y antinarcóticos como la que viene desarrollando Colombia.

La principal parte de ellos han venido del aporte de los mismos colombianos, a través de impuestos especiales cuyo producto se ha destinado a fortalecer nuestro esquema de seguridad.

También hay que resaltar el aporte de los Estados Unidos a través del Plan Colombia, que ha sido y sigue siendo fundamental para el cumplimento de estos objetivos.

El gobierno y el congreso de los Estados Unidos han entendido que el combate a las drogas y el terrorismo es una lucha conjunta y compartida, y ha asumido su responsabilidad no sólo con Colombia, sino con el mundo, a través de esta cooperación.

De manera especial debo reconocer el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, bajo el eficiente liderazgo del almirante James Stavidris.

Sea la oportunidad, Almirante, para agradecerle, de todo corazón, su respaldo eficaz y su compromiso con nuestra lucha conjunta contra el terrorismo y el narcotráfico, durante el tiempo que ha estado al frente del Comando Sur, y desearle el mayor de los éxitos en el importante reto que asumirá al frente de la OTAN.

Allí estarán también las tropas de Colombia, aportando su experiencia a los ejércitos de las mayores democracias del mundo.

¡Ya me puedo imaginar, Almirante, que, con la misma rapidez que aprendió el idioma español, aprenderá ahora el idioma pashto de Afganistán!

¡Buen viento y buena mar en su nuevo destino!

El Comando Sur es, además, co-organizador de esta conferencia, junto con la Escuela Superior de Guerra –que cumple 100 años de existencia–, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa.

La alianza contra el terrorismo y el narcotráfico que tenemos con los Estados Unidos es una alianza profunda que va más allá de las cambiantes coyunturas políticas.

Cuando el Plan Colombia nació, bajo las administraciones de los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton, llevó impreso en su frente el sello del bipartidismo, porque fue votado y respaldado por demócratas y republicanos.

Así continuó ejecutándose bajo el gobierno del presidente George W. Bush, y hoy cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Barack Obama, como me lo confirmaron en días recientes el secretario de Defensa, Robert Gates; la secretaria de Estado, Hillary Clinton; el consejero nacional de seguridad, general James Jones, y el director de la CIA, León Panetta, con quienes tuve la oportunidad de reunirme en Washington.

La administración Obama quiere dar especial énfasis al tema de los derechos humanos, y nosotros también.

Si algo hemos recalcado en estos años es que ningún ejército puede ser verdaderamente victorioso si no cuenta con la legitimidad que da el obrar dentro del marco de la ley y la Constitución, y respetando siempre los derechos humanos.

Hemos expedido una Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para el sector Defensa, e incrementado las medidas para garantizar su aplicación, no por presiones externas, sino porque estamos convencidos de que la legitimidad es y será la clave del éxito de nuestras Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misión.

Yo creo que ningún ejército del mundo ha hecho tanto en tan poco tiempo para mejorar su desempeño en este campo.

Hemos tenido problemas, como los casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” que se denunciaron, pero obramos de inmediato, con toda la contundencia y rigor, y podemos decir que en los últimos seis meses no se ha recibido ninguna nueva denuncia al respecto.

Estamos a punto de cumplir uno de nuestros sueños: Que el tema de los Derechos Humanos no sea más un problema, sino, todo lo contrario, el símbolo de la fortaleza y el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas.

Compartimos con el doctor David Kilcullen –cuya presencia hoy nos honra, así como la de los demás participantes y expositores que representan lo más selecto a nivel mundial en el tema de contrainsurgencia– la tesis que defiende en su reciente libro La Guerrilla Accidental:

Para romper el ciclo del terrorismo es necesario establecer patrones de virtud, de autoridad moral y credibilidad en la sociedad.

Si vencemos al enemigo al costo de volvernos como él, habremos perdido.

¿Hacia dónde vamos en Colombia en la lucha contra el terrorismo?

Hemos dado los golpes más contundentes en la historia de las organizaciones terroristas. En particular, las FARC se encuentran en el peor momento de su historia, debilitadas militarmente, con la moral baja y repudiadas a nivel nacional e internacional.

¡Pero eso no es suficiente!

La bestia está herida, y tenemos que mantener la iniciativa para darle la estocada final; para llevarla a un punto de no retorno.

Para ello hemos diseñado una ofensiva decisiva, no sólo militar sino también de recuperación y control social del territorio, a la que hemos denominado “el salto estratégico”.

¿En qué consiste este “salto estratégico” que ya estamos poniendo en marcha?

Primero, hemos identificado las zonas principales donde la guerrilla aún tiene una capacidad militar creíble, para desarrollar en ellas una campaña militar masiva y sostenida, recogiendo medios y hombres de varios puntos del país y concentrándolos allí hasta desarticular la mayor cantidad posible de su capacidad militar.

Esto lo haremos bajo criterios de operaciones conjuntas y combinadas, para lo cual activaremos los comandos conjuntos o fuerzas de tarea conjunta que se requieran.

Segundo, alinearemos esto con el trabajo de inteligencia de modo que localicemos y golpeemos también los objetivos de alto valor que allí se encuentren.

Tercero, seguiremos con el tema de la judicialización, trabajando en coordinación con la Fiscalía, para lograr la captura y condena de los miembros activos de las organizaciones terroristas, y de sus milicias y grupos de apoyo.

Cuarto: En muchas de estas zonas coincide el elemento del narcotráfico por lo que mantendremos el esfuerzo antinarcóticos, con aspersión o erradicación manual.

Quinto, se hará un esfuerzo de contención en las fronteras y en las áreas a donde se moverían sus estructuras cuando ataquemos sus zonas de base, anticipando sus movimientos.

Sexto, se continuará el trabajo de recuperación social de los territorios que antes vivían sometidos al imperio de los terroristas, llevando a sus habitantes –en coordinación con las demás agencias del Estado– los servicios básicos necesarios para su desarrollo.

Enfrentaremos también la guerra política y jurídica de estos grupos que, al verse superados en el campo militar, optan por infiltrar la sociedad civil –con milicias y presencia en universidades y organizaciones sociales a través del PC3– o generan shows mediáticos de liberaciones a cuentagotas.

Hoy por hoy, las FARC han dejado la guerra de guerrillas y la han reemplazado por acciones terroristas. Ya no combaten, sino que ponen bombas, y se defienden sembrando minas antipersona.

Ya ni siquiera usan uniforme militar sino que van en pequeños grupos, vestidos de civil, tratando de sembrar terror entre la población.

¡Ese es el nuevo monstruo al que tenemos que darle la estocada final!

Con esta campaña militar y social, y acciones contra la guerra política y jurídica, daremos el “salto estratégico” para vencer el narcoterrorismo y sentar las bases de un futuro de paz.

Colombia, su gobierno –con el presidente Uribe a la cabeza–, su Fuerza Pública y su pueblo están comprometidos, como nunca antes, con el rescate de su territorio de la influencia de los violentos y con el predominio de la seguridad.

Los invito, estimados amigos, a que nos ayuden a alcanzar esta meta, con el aporte de sus análisis y perspectivas.

Nuestro país, por su parte, está dispuesto a compartir la valiosa experiencia que hemos acumulado, a base de esfuerzos y sacrificios, con cualquier democracia que la necesite, bien sea a través de entrenamiento o mediante el estudio de nuestro caso.

Einstein decía que “quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar ‘superado’”.

Eso es lo que estamos haciendo en Colombia con el apoyo de todos ustedes.

Muchas gracias
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